En los últimos días, el Gobierno intensificó su “batalla cultural” en lo que respecta al derecho de las mujeres al aborto con una seguidilla de acciones enmarcadas en el “Día del Niño por Nacer”.
La conmemoración en cuestión fue fijada para el 25 de marzo por el entonces presidente Carlos Saúl Menem, en 1998, luego de una visita al Papa Juan Pablo II en el Vaticano. La fecha no es azarosa: se trata del día en que el catolicismo recuerda la Anunciación del Nacimiento de Jesús, exactamente a 9 meses de la Navidad.
En ese año, no existían ni la Ley 27.610 que garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) -vigente desde 2021- ni el derecho a la Interrupción Legal (ILE) contemplado en el Código Penal (artículo 86 incisos 1 y 2).
En esta ocasión, la cuenta de X de la Casa Rosada publicó un mensaje celebrando la fecha fijada por Menem 27 años atrás: “Hacemos un llamado a la defensa de la vida humana desde su concepción y reafirmamos que la vida siempre vence a la muerte”, escribieron desde el Gobierno.
Más aún, la vicepresidenta Victoria Villarruel encabezó el primer encuentro de un “seminario sobre el Día del Niño por Nacer” y se enfocó en la baja de la natalidad que experimentó nuestro país.
“La defensa de la vida es una causa central en nuestro país. Argentina necesita de la familia, con su extensión territorial y abundancia de recursos, es un país despoblado. La grandeza de nuestra patria depende de la familia”, planteó la titular del Senado, en consonancia con las posturas de corte conservador.
Estos posicionamientos tienden a privilegiar una concepción determinada de familia, centrada en la reproducción, y a promover la regulación de la población y la natalidad a través de la capacidad de gestar de las mujeres, contrario a otras posturas que priorizan la soberanía de las mujeres para decidir por sí mismas.
“Para la cultura de la muerte los hijos son una carga y no lo que verdaderamente son: un gran signo de esperanza. Muchas veces esta atmósfera pesimista y la falta de políticas consecuentes con la persona humana han generado políticas públicas reduccionistas que promueven una cultura del descarte”, dijo Villarruel.
Sus afirmaciones no tardaron en generar polémica, sobre todo en redes sociales, donde las respuestas se centraron en contrastar los dichos de la vicepresidenta con su negacionismo del terrorismo de Estado, que entre otras cosas implicó la apropiación de cientos de bebés nacidos en cautiverio.
“Nací en la cárcel de Olmos y mi mamá transcurrió su embarazo en el pozo de Banfield bajo todo tipo de vejámenes y luego fue asesinada. Habla en nombre de la moral y defensa de los niñxs quién defiende a quienes robaron bebés en la dictadura y torturaban a nuestras madres”, escribió, por caso, la legisladora del FIT Alejandrina Barry.
También hubo señalamientos apuntando a la caída del poder adquisitivo en que derivaron las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei y Villarruel, resultando en un alto porcentaje de pobres entre los niños que “ya nacieron”: algunos usuarios apuntaron al dato de que, en 2024, el 66,1% de las personas de entre 0 y 14 años eran pobres.
Los datos reunidos desde la aprobación de la Ley del Aborto arrojan que entre 2021 y 2023 se realizaron 245 mil interrupciones. Por otra parte, sólo en 2022 nacieron 490 mil niños, mientras que la tasa de natalidad viene en caída sostenida desde 2014, siete años antes de la promulgación de la IVE.
El oficialismo tiene intenciones de promover la derogación de la Ley, pero, por el momento, no cuenta con los consensos necesarios para impulsar la medida en el Congreso.