“En todo el 2024 tuvimos un aumento de 2.000 pesos. Hay compañeras que tuvieron que suspender los tratamientos con los niños con los que trabajan porque no les estaban pagando”. El testimonio es de Tamara Chaparro, terapeuta ocupacional que trabaja en dos consultorios interdisciplinarios y coordina una Escuela Popular de Salud Comunitaria. Pero podría ser, a grandes rasgos, el de cualquier otra trabajadora del área de Discapacidad.
El reclamo contra el desfinanciamiento en el área y la precarización de sus profesionales es antiguo, pero la situación no hizo más que profundizarse desde diciembre de 2023 ante un Gobierno caracterizado por la escasa o nula disposición al diálogo. Uno de los grandes ejes del problema tiene que ver con el nomenclador, que se actualiza todos los años a través de una resolución y es la fórmula que determina el valor del tiempo trabajado por los prestadores (los profesionales que brindan diferentes tipos de atención a las personas con discapacidad). A día de hoy, permanece congelado desde septiembre de 2024 en $12.370 por sesión.
“Y vos pensá que a los consultorios los profesionales les tenemos que dejar un porcentaje porque es como que les alquilamos. Si tenés la suerte de que sea tuyo, joya. Y si no… A mí me quedan $8 mil en mano de cada sesión”, detalla Chaparro. La situación con las obras sociales merece una mención especial: los profesionales que brindan sus servicios a través de ellas suelen pasar meses sin ver un peso de lo trabajado. “Tenemos un mínimo de (tiempo de espera para el) cobro de 90 días”, precisa la terapeuta.
El proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad espera en el Senado tras su aprobación reciente en la Cámara de Diputados, y su tratamiento está previsto para hoy a partir de las 14. Entre otras cosas, la propuesta implica saldar las deudas con los profesionales y actualizar sus aranceles mensualmente, además de financiar adecuadamente el sistema de pensiones.
¿Cómo es trabajar en Discapacidad?
Micaela Rebollini es licenciada en Psicología y tiene cuatro trabajos diferentes. Además de atender pacientes de manera particular desde su casa y en un hospital comunitario, trabaja en un centro interdisciplinario y en un instituto de rehabilitación atendiendo a personas con discapacidad. Tanto ella como Chaparro evidencian que sus tareas no se restringen al ámbito del consultorio, porque ni las vidas de sus pacientes ni las de ningún otro ser humano se limitan a lo que sucede entre las cuatro paredes de un establecimiento terapéutico: es todo un mundo y un conjunto de áreas de la vida cotidiana lo que no está pensado para que quienes tienen una discapacidad puedan existir cómoda y plenamente, lo que requiere trabajar con las familias, las escuelas y otras instituciones de manera articulada.
“Se trabaja mucho con las familias, brindando contención, sostén y orientación, con todo el equipo de profesionales que intervenga en la cotidianidad con el paciente, con sus educadores y acompañantes terapéuticos”, detalla Rebollini y explica que “el objetivo es siempre ofrecer al paciente y a su familia mayor autonomía, y bienestar psicosocial e integral”.
En un contexto precario, sin embargo, estas tareas se acumulan en forma de trabajo no pago. Como describe Chaparro, las reuniones con familiares o educadores “significan que hay que sumarles más cosas a los 45 minutos (de la sesión)”, por las que no perciben ningún ingreso. A eso se suman las instancias de planificación, seguimiento y elaboración de informes, todo lo cual, otra vez, escapa a los $12.370 que dispone el nomenclador.
“(El ingreso percibido) no solo es insuficiente frente al contexto inflacionario, sino que desvaloriza nuestro trabajo y pone en riesgo la continuidad de las prestaciones”, detalla Rebollini. En los números, esto se traduce en 15 meses con apenas $2.000 de aumento, y Chaparro aporta que el desfase de sus ingresos respecto de la inflación es del 70%.
¿Por qué “emergencia”?
Pablo Molero es coordinador del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, desde donde está en contacto permanente con la realidad de los prestadores y de las personas con discapacidad y sus familias. En conversación con este medio, señala que una de las mayores consecuencias del desfinanciamiento en el sector consiste en que muchos profesionales “han dejado de dar servicios porque no han podido llevar adelante (la situación), algunas instituciones han ido cerrando y otras han planteado que no llegan a agosto o a fin de año”.
Para las personas con discapacidad, ésto no se traduce solamente en que el profesional que las atiende por la prepaga o la obra social se va y, entonces, simplemente buscan otro. En la mayoría de los casos, directamente se quedan sin dónde ni con quién atenderse. Molero expresa que, por lo general, el sistema público no cuenta con los prestadores necesarios, y sentencia: “Perder estas prestaciones es dejar a la gente sin atención, no es un mero cambio de ir a otra ventanilla a buscar la respuesta. Estas prestaciones, sin quienes las dan, se caen”.
Chaparro es igual de categórica respecto de las consecuencias concretas que tiene esta situación para un chico con discapacidad: “Un niño que no tiene una prestación es un niño que no va a poder avanzar en su desarrollo. Un niño que no tiene una terapeuta ocupacional, una psicóloga, una fonoaudióloga, un músicoterapeuta o una psicopedagoga no va a poder desarrollar los hitos que necesita para poder cumplir los estándares de la vida en común. Y ese niño va a quedar relegado de la sociedad, porque la sociedad es capacitista”.
“El desfinanciamiento impacta de manera directa. A nivel personal, implica trabajar muchas horas por una remuneración insuficiente, con demoras de hasta meses en los pagos. Muchas veces debemos sostener nuestro trabajo con recursos propios. A nivel institucional y profesional, se traduce en menor disponibilidad de espacios, materiales, dispositivos de apoyo e incluso en la discontinuidad de tratamientos por parte de profesionales que no pueden sostenerse. La calidad de atención se ve comprometida, no por falta de vocación, sino por falta de condiciones dignas”, ilustra, por su parte, la psicóloga Micaela Rebollini.
A este escenario, Molero agrega la situación de los trabajadores de los talleres protegidos: “Están cobrando, desde febrero del 2023, $28.000 por mes”, situación que considera, en primera instancia, “responsabilidad del Gobierno anterior”, pero a la cual el actual no da ninguna clase de respuesta.
La situación de los adultos mayores
Macarena Fragueiro Frías es abogada y trabaja impulsando reclamos de coberturas y prestaciones contra prepagas y obras sociales. Su trabajo involucra mayoritariamente a los adultos mayores, quienes, a su parecer, son los grandes olvidados en este contexto. “Las personas mayores se encuentran muy golpeadas, también, con todo lo que tiene que ver con las jubilaciones. Tienen el poder adquisitivo muy disminuido”, explica, y añade que eso complica también su acceso a la salud en general y a las prestaciones por discapacidad en particular, en un momento de la vida “donde hay muy poca empatía, muy poca solidaridad”.
La abogada recuerda, sobre todo, que existe una tendencia social a “confinar, aislar y quitar de la vista” a los adultos mayores. De este modo, a las dificultades para acceder a las prestaciones por las discapacidades que suelen llegar con la vejez, se añaden la escasa empatía social y una jubilación mínima que apenas supera los $309 mil.
Emergencia o asistencialismo
En un comunicado oficial, el Gobierno descalificó al proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad asegurando que “se trata de una iniciativa regresiva, que apela a un modelo asistencialista que ya fracasó, desatiende los estándares internacionales y posterga la verdadera inclusión”. Por su parte, quienes defienden la aprobación de dicha ley no ven cómo podrían cumplirse los estándares internacionales ni generarse inclusión sin garantizar algo tan básico como el financiamiento del sistema y las condiciones laborales dignas para quienes trabajan en el área.
“No se trata de “dar” algo por caridad, sino de asegurar que las personas con discapacidad accedan a lo que por ley y por dignidad les corresponde. Visibilizar una emergencia no es asistencialismo, es justicia social”, considera, en contraste, Micaela Rebollini, quien además rechaza la noción de la discapacidad como un problema individual o meramente familiar. Para la psicóloga, una visión semejante “implica desentenderse de la protección de los Derechos Humanos”, porque “no todas las familias cuentan con los recursos económicos, emocionales o profesionales para brindar una atención adecuada” y “dejar en sus manos todo el peso del acompañamiento es exponer a muchas personas con discapacidad al abandono, a la exclusión y a una vida sin oportunidades”.
Fragueiro Frías, por su parte, tiene más reservas respecto de la utilidad real que podría tener la ley. A su manera de verlo, lo más urgente es actualizar el nomenclador y para eso el Estado debería simplemente emitir una Resolución en el Boletín Oficial. En ese sentido, sostiene que, aunque la ley salga, su aplicación sigue dependiendo del Poder Ejecutivo: “Podés armar un montón de leyes, pero si el Estado no administra… bueno, eso queda ahí, como los alimentos que estaban en el depósito”, ilustra en referencia a los productos que el Ministerio de Capital Humano dejó vencer sin distribuir a comedores.
Molero recuerda que, más allá de las cuestiones ideológicas, el Gobierno es responsable por ley de resguardar los derechos de las personas con discapacidad a recibir sus prestaciones: “La Constitución dice que hay que favorecer su inclusión y desarrollo, y la Ley de Prestaciones (24.901) no reconoce que se trate de un problema de las familias. Dice que las obras sociales, las prepagas, el PAMI y el Estado a través de sus organismos tiene que dar respuestas, no sólo para los que tengan prestaciones sino para quienes están en situación de pobreza y no tienen cobertura. Para mí que un funcionario o el presidente diga otra cosa importa muy poco”.
“Parece que la gente se olvida que fue elegida para cumplir no solamente un programa de un partido sino lo que las leyes y la Constitución dicen, esto es lo grave. Si lo lleváramos a la práctica, mañana me van a robar en mi casa y cuando llame van a decir ‘mire, arréglese usted porque es un problema suyo, le robaron en su casa’. El Estado tiene que cumplir con determinadas cosas porque así lo hemos decidido la sociedad argentina. Este planteo de individualizar los problemas, de ‘arreglate vos como puedas’ es una marcha atrás en todo lo que son los derechos de las personas, que los tenemos reconocidos constitucionalmente”, completa el coordinador del Foro.
Finalmente, Molero recalca que la Emergencia apunta a evitar que la crisis se amplíe y que los profesionales dejen de verse compelidos a buscar otros trabajos. “Lo que costó conseguir profesionales que quieran atender a personas con discapacidad… fue gracias a lograr un arancel que motivara a la gente a dedicarse a eso, (y ahora) está pasando que dicen ‘yo me dedico a otra cosa’. Otra vez volveremos a tener muy complicado encontrar gente que quiera dedicarse a trabajar con personas con discapacidad”, lamenta.
Por Sol Tobía.
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