El procurador general interino, Eduardo Casal, dictaminó este jueves que la Corte Suprema debe revisar el fallo que absolvió a Cristina Fernández de Kirchner por el delito de asociación ilícita en la causa Vialidad. Respaldó el pedido del fiscal Mario Villar, quien reclama que la ex Presidenta sea condenada a 12 años de prisión.
Actualmente, Cristina Kirchner tiene una condena a 6 años de cárcel por administración fraudulenta, dictada en 2022 por el Tribunal Oral Federal 2 y confirmada por Casación. También se le impuso la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Pero Casal respaldó a Villar en el pedido de que se agrave esa pena y que se condene además por asociación ilícita, lo que duplicaría la condena.
“La sentencia no respondió los planteos del fiscal y se limitó a repetir lo dicho por el tribunal oral”, señaló Casal. Además, cuestionó que Casación “cumplió de manera aparente su función revisora”, afectando el derecho de defensa.
Con este dictamen —que no es vinculante, pero influye—, el futuro judicial de Cristina Kirchner pasa a depender ahora de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, podría revisar las condenas, absoluciones y también la situación de otros acusados como Lázaro Báez, José López y Julio De Vido.
Qué puede pasar ahora
La Corte no tiene plazos para decidir, pero hay tres escenarios posibles:
- Rechaza el reclamo de Casal: la condena a 6 años queda firme. Cristina quedaría inhabilitada para cargos públicos y podría ser detenida. Por su edad (72), podría pedir prisión domiciliaria, aunque no es automática.
- Acepta los recursos de la defensa: se caen las condenas y Cristina quedaría habilitada para ser candidata.
- Acepta el planteo de Casal: el caso vuelve a Casación para revisar la absolución por asociación ilícita. Mientras tanto, no hay condena firme y Cristina también podría postularse.
De qué se trata la causa Vialidad
La investigación apunta a la adjudicación del 80% de la obra vial nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015 al empresario Lázaro Báez, amigo y socio comercial de los Kirchner. En total, se trata de 51 contratos por obras viales.
En diciembre de 2022, el TOF 2 condenó a Cristina por fraude al Estado pero la absolvió por asociación ilícita. Ahora, el fiscal Villar busca que la Corte revoque esa decisión.
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