Como todos los miércoles y luego de una feroz represión, los jubilados volvieron a movilizarse al Congreso de la Nación para exigir un aumento en sus haberes y mejores condiciones en el sector. La protesta contó con el respaldo de ATE y diversas organizaciones sociales y políticas, en un contexto de creciente malestar por la eliminación de la moratoria previsional.
Este miércoles no fue la excepción para la violencia: las fuerzas de seguridad activaron el protocolo antipiquetes para impedir el corte de calles y, en ese contexto, empujaron y golpearon a los manifestantes que protestaban por la situación de los jubilados y jubiladas.
El Gobierno estableció que la regularización de aportes vencerá el 23 de marzo de 2025, lo que deja sin posibilidad de jubilación a quienes no completaron los años de aportes necesarios. Esta medida afecta especialmente a muchas mujeres que interrumpieron su vida laboral para dedicarse a tareas de cuidado. Desde el Plenario de Trabajadores Jubilados advirtieron que, de esta manera, “nadie va a poder jubilarse”.
Este miércoles el Congreso amaneció vallado, luego de que el Ministerio de Seguridad desplazara al director nacional de Inteligencia Criminal, Ricardo Ferrer, tras la represión en la protesta del 12 de marzo. En aquel episodio, varias personas resultaron heridas, incluyendo al fotógrafo Pablo Grillo, quien sufrió una grave lesión en la cabeza por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno.
Los jubilados también reclamaron una recomposición salarial. Si bien el Gobierno confirmó un aumento y la repetición del bono de $70.000, este refuerzo lleva 14 meses congelado y perdió poder adquisitivo frente a la inflación.
La concentración fue en el Congreso, por lo que hubo cortes y demoras en calles clave como Av. Hipólito Yrigoyen, Av. de Mayo y Callao.
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