Organismos y referentes de la lucha por los Derechos Humanos condenaron las declaraciones del Gobierno y algunos legisladores en el marco del 49° aniversario del último Golpe de Estado.

En concreto, el Ejecutivo volvió a difundir un video abogando por la “memoria completa”, equiparando el accionar de los grupos guerrilleros con el plan sistemático de extermino del gobierno militar; mientras que, en la misma línea, el diputado liberal José Luis Espert reclamó que el 24 de marzo deje de ser feriado nacional.
A ellos se sumó el diputado del PRO Gabriel Chumpitaz, quien consideró oportuno proponer el cierre del Museo de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). En cambio, planteó que el espacio funcione como “un centro de capacitación especializado en emergencias y catástrofes, para entrenar a las FFAA y los Bomberos”, porque el funcionamiento actual del predio “divide a los Argentinos, nos impregna de odio y pasado”.
En respuesta, referentes de Derechos Humanos como los integrantes de la agrupación H.I.J.O.S. condenaron esta clase de declaraciones y reclamaron una ley contra el negacionismo del terrorismo de Estado.
En declaraciones radiales, Carlos “Charly” Pisoni, referente de H.I.J.O.S., repudió puntualmente a Espert y argumentó que “hoy es necesaria una ley contra el negacionismo en la Argentina”. En ese sentido, recordó que su organización presentó “un proyecto hace dos años en la Cámara de Diputados, en el que se establece que los funcionarios públicos no pueden negar lo que el mismo Estado dice”.
“Si el Estado a través de resoluciones del Poder Judicial dice que hubo un plan sistemático de apropiación de bebés y que lo que ocurrió en la dictadura fueron delitos de lesa humanidad, un funcionario público no puede contradecir esto, y si no que no sea funcionario”, subrayó.
Respondiendo concretamente al video del Ejecutivo, donde Agustín Laje reclama romper con “el relato impuesto”, la agrupación se valió de sus redes sociales para contestar que “lo único que debería pedir “romper” este 24 de marzo el gobierno son los pactos de silencio que mantienen los genocidas con los que se reúne para planificar su impunidad, esos que siguen sin decir dónde están los miles de cuerpos desaparecidos y nuestros hermanos”.
Por su parte, la referente del Partido de los Trabajadores Socialistas y abogada en causas por delitos de lesa humanidad, Myriam Bregman, denunció que lo que el Gobierno busca no es “memoria completa” sino “impunidad”. “Quieren tener las manos libres para cuando las clases dominantes de este país, que nunca han dudado en recurrir a la represión más cruel para defender sus intereses económicos, los quieran volver a usar”, sostuvo en un tuit.