La secta “Seshen” es una estructura delictiva con más de 10 años de actividad en Córdoba y Buenos Aires, cuyos líderes perpetraron delitos como la reducción a la servidumbre y el abuso sexual bajo el pretexto de transmitir “técnicas de sanación egipcias” a sus “alumnos”, a quienes aislaron y despojaron de sus identidades y sus bienes materiales. El caso trascendió en varios medios y no fue llamativo solamente por el retorcido accionar de los captores, acusados por trata de personas, sino también porque, en un hecho sin precedentes, la Justicia de Córdoba metió presas a las propias víctimas al comienzo de la investigación. Ahora el juicio está por empezar, pero el principal acusado sigue en libertad y activo en las redes sociales. Por Sol Tobía.
Es muy común que quienes están en situaciones abusivas y hasta de explotación no lo adviertan en el momento, porque la manipulación, las amenazas y hasta las necesidades -sean económicas, emocionales o de otro tipo- influyen mucho en la percepción de las personas que, recién más tarde, se terminan reconociendo como víctimas. Álvaro Aparicio Díaz y su pareja, Carolina Laura Cannes, comenzaban el vínculo con sus “alumnos” por medio de “sesiones terapéuticas” individuales durante las cuales recogían toda clase de información sobre ellos: sus vínculos, sus necesidades, sus miedos, todos los rasgos que les sirvieran luego para amenazarlos más o menos sutilmente o sujetarlos de otras maneras.
Lo que se presentaba como una escuela para aprender técnicas de sanación egipcias, impartidas por un maestro sabio y acreditado, es ahora juzgado como una organización delictiva dedicada a la trata de personas. Decenas de mujeres y hombres llegaron al “maestro”, que no se hacía llamar por su verdadero nombre sino por uno más “elevado” y acorde a su disciplina: Sahú Ari Merek. Sus “estudiantes” eran aislados de sus familiares y amigos porque no eran compañías “convenientes” para el éxito de la terapia; los hacían atravesar “bautismos” en los que recibían nuevos nombres y hasta supuestas instancias terapéuticas durante las cuales Aparicio abusaba sexualmente de las “alumnas”.
Cada curso impartido por la secta Seshen se pagaba en dólares. También hacían excursiones a Egipto, por los cuales los estudiantes debían abonar un pago extra para costear el viaje de Aparicio y el de su esposa. La situación terminó, para todos los denunciantes, en importantes pérdidas materiales, deudas y, en muchos casos, la entrega de bienes personales a los maestros en calidad de pago. El escalón más explícito de la explotación perpetrada por la secta llegó con la pandemia, cuando el “maestro” y su esposa llevaron consigo a un grupo de víctimas a vivir en un campo de la localidad de Villa Cura Brochero, conocido como Pozos Azules. Desde el comienzo del día hasta bien entrada la noche, debían realizar trabajos forzados de todo tipo para el enriquecimiento de los líderes.
Finalmente, una joven cordobesa que llegó a la escuela buscando atención psicológica percibió un funcionamiento sospechoso y presentó una denuncia. En marzo de 2021, Aparicio terminó preso, pero sus víctimas también. La fiscal Analía Gallarato dejó de lado los indicios que apuntaban a una situación de trata de personas y quiso cerrar la investigación caratulando el expediente bajo la figura de asociación ilícita. Siete de las víctimas recibieron prisión preventiva y permanecieron en la cárcel un año y medio, lo cual provocó estragos en sus vidas.
Las víctimas de la secta, presas
“Esta mujer a mí me destruyó la vida”, dice Liliana, una de las víctimas. No se refiere a Laura Cannes, sino a la fiscal Analía Gallarato, responsable directa del año y medio que pasó en la cárcel luego de años de manipulación y sujeción a la secta de Aparicio. Muchas cosas pasaron mientras Liliana estuvo en el penal, como el infarto que sufrió su marido y las dos ocasiones en las que le desvalijaron la casa. Cuando salió, la imagen de ella y las otras víctimas que habían generado los medios -criminales, cómplices y partícipes directos de una asociación ilícita dedicada a estafar gente- se había esparcido entre los vecinos de su localidad.
La mujer explica que la hostilidad de la población la empujó a irse, sumada a la necesidad de recibir un tratamiento psiquiátrico y psicológico que no conseguiría allí. “Yo me tuve que ir de mi pueblo. Perdí la jubilación buena que iba a tener, cobro un poco más de la mínima y nada más, cuando yo tendría que haber estado cobrando por lo menos cuatro mínimas con lo que ganaba. Perdí mi trabajo, perdí mi casa”, reconstruye en conversación con este medio. “Cuando salgo de estar presa, agarro un ACV”, recuerda a continuación.
Algo similar declaraba C.U., otra de las víctimas, en entrevistas pasadas: en el tiempo en que estuvo preso, perdió el puesto que sostenía desde hacía 12 años y asegura que ahora “vive de prestado”, gracias a la ayuda de su familia y a las changas que le salen ocasionalmente: con 46 años, tuvo que empezar “de cero”. Otro punto en común entre las vivencias de Liliana, C.U. y otras de las víctimas de la secta es el ofrecimiento de un juicio abreviado.
Mientras estaba encerrada en el Penal cordobés de Bouwer, el abogado de Liliana le dijo “de última, para que salgan en libertad, vamos a un juicio abreviado”. “No. -recuerda que le contestó- Yo me voy a quedar 10 años acá adentro, pero voy a salir inocente como soy. Yo no voy a ningún juicio abreviado por algo que encima padecí”. Tras recordar una experiencia altamente similar, C.U. sospechaba: “Se dice que es una negociación entre tu abogado defensor y el fiscal, hay un arreglo económico ahí”.
Sus experiencias coinciden con aquellas manifestadas en una solicitada que se publicó en el diario La Voz el 26 de septiembre de 2021, la cual hasta hace poco se podía consultar en el sitio. “Justicia de Córdoba, ¿dónde estás?” se titulaba el comunicado en que un conjunto de ciudadanos preguntaba cosas como “por qué no se respeta la presunción de inocencia de las personas acusadas”, “por qué la prisión preventiva es la norma y no la excepción en la provincia” y “por qué una persona puede llegar a estar detenida hasta tres años sin que se inicie su juicio”, entre otras.
Por su parte, Liliana reprocha a la fiscal el hecho de que haya pasado por alto la evidencia de trata de personas contenida en el material informático secuestrado y en sus propios testimonios. Para ella, alguien con un mínimo de formación en el tema e interés por el respeto de los Derechos Humanos se habría percatado rápidamente de que quienes estaba metiendo tras las rejas eran víctimas y no criminales.
En las computadoras de Cannes y Aparicio, por ejemplo, estaban guardadas las grabaciones de las sesiones de “terapia” individuales que el “maestro” tenía con sus “alumnos”, y en los grupos de Facebook de la secta constaban las humillaciones públicas y los pedidos permanentes de dinero. Algo en lo que la mujer insiste continuamente es ese rasgo particular del Poder Judicial nacional: la falta de formación suficiente y efectiva en trata de personas, la ausencia total de comprensión de los efectos que una situación de este tipo produce a nivel psicológico en quienes la padecen. Contrario a un contexto comprensivo y reparador, se encontraron muchas veces con funcionarios que les echaban la culpa de lo que habían vivido.
Recién en 2022, cuando el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja se hizo cargo de la causa, la carátula cambió a trata de personas y las víctimas salieron en libertad.
El victimario, libre y activo
Álvaro Aparicio Diaz está libre desde hace más de un año, y Liliana alerta que el líder de la secta se mostró activo en redes sociales, contestando mensajes y dispuesto a seguir encontrando adeptos. También están sueltos su esposa, Laura Cannes, y uno de sus hijos, quien fue cómplice en las maniobras de la secta pese a haber sido declarado inimputable.
El magistrado Miguel Hugo Vaca Narvaja, del Tribunal Oral Federal nro. 3 de Córdoba, dispuso la liberación del líder de la secta el 4 de abril de 2024, lo cual despertó inmediatamente el reproche de las víctimas y sus defensoras: los victimarios habían conseguido la libertad presentando a título de caución (un bien que funciona de garantía para obtener la libertad) una propiedad que estaba inhibida, destinada a la reparación de las víctimas.
“Lo que más nos dolió es enterarnos de que el juez le hace lugar a Aparicio para salir en libertad, con una caución que no correspondía. Siguen sin tener en cuenta a las víctimas”, lamenta Liliana a ese respecto. De inmediato, dos de las defensoras oficiales apelaron la decisión, y la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba llegó el 21 de abril pasado. Allí, los camaristas resolvieron “revocar” la aceptación de dicha caución y “ordenar la inmediata detención de Álvaro Juan Aparicio Díaz y Carolina Laura Cannes hasta tanto se acredite la constitución de nuevas cauciones reales”.
En dicho documento, la jueza Graciela Montesi recalcó que, a diferencia de lo que sucede con un embargo, no está permitido que los acusados en una causa dispongan a su antojo de los bienes inhibidos. “La posibilidad de que la reparación integral de las víctimas se pueda ver frustrada por una medida tendiente a asegurar la comparecencia de los encartados al proceso, da cuenta del yerro de la decisión y conduce a sostener que el ofrecimiento de dicho bien para hacer frente a la caución real impuesta no puede ser convalidado por esta Alzada sin importar una vulneración a los derechos de las víctimas”, se lee en la resolución.
La causa ya se elevó a juicio y está en manos del Tribunal Oral Federal número 2 de Córdoba, aunque todavía no hay fecha confirmada. Mientras tanto, y pese al fallo de la Cámara, el líder de la secta sigue en libertad. “El reclamo más grande que tenemos que hacer a la Justicia es que se agilice. Que no siga poniendo a Aparicio como pobrecito, ni dándole más oportunidades. Es una persona que hace mucho daño”, expresa Liliana.
Horas antes de nuestra conversación, un familiar intentó transmitirle tranquilidad: “Vos al viejo ya le ganaste”, le dijo, en referencia al principal acusado. “No, yo no le gané -le contestó- ¿No te das cuenta de que me destruyó la vida; de que destruyó mi tranquilidad, mi economía, mi moral? Porque psicológicamente, psiquiátricamente, socialmente, moralmente, destruyó toda mi vida. Entonces, no le gané nunca. Y si la Justicia no hace justicia, termina de ganar él del todo. ¿Entendés?”