Johana Ramallo fue desaparecida a finales de julio de 2017. Parte de sus restos se halló en Berisso, en 2018, y la compatibilidad genética se confirmó en 2019. La causa que investiga su explotación sexual y posterior femicidio comenzó a avanzar desde su paso a la Justicia Federal y, el pasado 16 de mayo, comenzó el juicio contra 8 imputados, que tendrá audiencias cada aproximadamente dos semanas. La investigación deja al desnudo la manera en que funciona la “zona roja” de La Plata, y la forma en que las redes de proxenetas se alimentan de la pobreza y otras vulnerabilidades de miles de mujeres y niñas. Por Sol Tobía.
Cuando apenas habían pasado unas horas de la desaparición de Johana Ramallo, su madre hizo la denuncia y apuntó a una persona concreta: el Cabezón Rodríguez, quien regenteaba la zona roja de La Plata y administraba la venta de drogas en el lugar. “Nadie le hizo caso”, recuerdan las militantes que la rodean y lamentan que se hayan perdido valiosos meses de búsqueda bajo la carátula “averiguación de paradero”, cuando todo apuntaba a una situación de trata con fines de explotación sexual. Casi ocho años más tarde, Rodríguez es uno de los principales imputados en el juicio por la explotación de Johana, que derivó en su femicidio.
María Laura Bretal es militante feminista y sobreviviente del Centro Clandestino de Detención y Exterminio La Cacha. Integra el colectivo feminista Las Azucenas y acompaña a Marta Ramallo, madre de Johana, desde el comienzo de su búsqueda. “La causa fue una calesita judicial de la impunidad, porque pasaron tres fiscales y tres jueces, y recién cuando la agarra el juez Alejo Ramos Padilla, que viene de los juicios de Lesa Humanidad, se empieza a investigar toda esta red”, reconstruye en diálogo con este medio.
Las ocho personas que fueron identificadas como parte de “esta red” son Carlos Omar “El Cabezón” Rodríguez (56), Federico Hernán D’Uva Razzari (35), Carlos Alberto Espinoza Linares (41), Erika Paola Garraza (42), Celia Noemí Giménez (60), Celia Andreza Benitez (41), Mirko Alejandro Galarza Senio (30) y Hernán Rubén García (49). Los fiscales de la causa los acusan de “formar parte de una organización criminal” que operó en la zona roja platense al menos entre 2016 y 2017, dedicándose a “la trata de personas con fines de explotación sexual en perjuicio de mujeres que se encontraban en situación de prostitución callejera, entre ellas Johana Ramallo”.
“Es lo que desde el primer día denunció la madre, la tendríamos viva si la Justicia hubiese actuado bien”, señala Bretal. Marta vio a Johana por última vez a fines de julio de 2017, cuando se despidió de ella con un beso en la frente y le prometió que volvía a las ocho para cenar. Tenía 23 años, una hija pequeña y seis hermanos menores, a los que cuidaba junto a su madre haciendo frente al empobrecimiento y el recorte de oportunidades laborales. En 2013 conoció a Javier Novarini, y con él comenzó el consumo de drogas. Se trataba de un hombre 30 años mayor, conocido del Cabezón Rodríguez: “Uno la captó, el otro la desapareció”, aseguró Marta Ramallo el 30 de mayo pasado, durante la audiencia en la que le tocó declarar.
“El círculo de sometimiento se generaba a partir del suministro de estupefacientes, en un contexto de consumo problemático y en situaciones de extrema vulnerabilidad estructural. En otros términos, se posibilitaba a las víctimas un fácil acceso a las drogas para, luego, a partir del aprovechamiento de su adicción y generación de deuda por los estupefacientes consumidos, cobrarlos de las ganancias obtenidas por la situación de prostitución”, explicaron desde el Ministerio Público Fiscal.
Eso es precisamente lo que hicieron con Johana, y lo que hacen en general los proxenetas con las miles de mujeres y niñas prostituidas en nuestro país. De hecho, los investigadores de la causa vinculada a la desaparición y el femicidio de Johana también identificaron a otras 10 víctimas de esta misma red, algunas de las cuales eran menores de 18 e incluso tenían “vínculos de parentesco” con algunos de los explotadores.
El juicio lleva apenas dos audiencias pero, por el momento, su desarrollo es bien valorado por Bretal y sus compañeras, sobre todo porque la Fiscalía y la querella vienen remarcando claramente que “las pibas no se prostituyen solas”: lejos de las explicaciones reduccionistas e individualistas que culpan a la propia víctima por la violencia padecida, las abogadas y fiscales enfatizaron en el contexto de “vulnerabilidad” que rodea a las mujeres prostituidas y en el modus operandi de las redes de proxenetas, que se aprovechan de dichas vulnerabilidades y se valen de su poder e influencia para motorizar el negocio de la prostitución.
Sin embargo, Bretal lamenta que “este juicio no va a juzgar a la policía que tapó todo, ni a los funcionarios judiciales, como (la fiscal) Betina Lacki, que hizo perder tres meses”. Varias de las activistas que rodean a Marta recuerdan permanentemente cómo, en un primer momento, la funcionaria provincial le dijo a la madre de Johana que seguramente su hija se había ido por su cuenta y que ya volvería sola: una experiencia compartida con cientas de otras madres cuyas hijas tampoco regresaron jamás.
“Todo el mundo sabe lo que pasa en la zona roja”, sobre todo la policía
“Desde el principio buscábamos a Joha con vida, no esperábamos tener este final”, dice Sofía Moglia, quien para el momento de la desaparición de Johana integraba el Frente de Mujeres para la Victoria y se sumó desde allí a la causa de Marta. Tanto Sofía como María Laura se refieren a ella con el mismo cariño con el que lo hace su madre: Joha, o directamente Yoa. “La buscábamos para que siga con sus sueños y metas; era muy compinche con Marta, muy compañera, tenía a sus hermanos, que los cuidaba, y a una hija”, recuerda.
Para acompañar a Marta, varias organizaciones formaron la agrupación “Buscamos a Johana Ramallo”. Cuando en 2019 se confirmó que los restos hallados en la costa de Berisso pertenecían a Joha, el título cambió a “Justicia por Johana Ramallo”. Noticias similares se suceden mes a mes y son miles las mujeres y niñas que nunca volvieron a casa. Pese a todo, Moglia no cree que las desapariciones sean algo normalizado por parte de la sociedad platense e insiste en hablar “a nivel país”.
“Nosotras estamos en la provincia de Buenos Aires, que tenemos un Gobierno que dentro de todo nos está escuchando. Lo que pasa es que, cuando se desfinancian las políticas públicas desde Nación, es muy difícil que una provincia haga todo lo que tendrían que hacer desde los otros niveles”, destaca, e insiste en la importancia de las capacitaciones de funcionarios públicos. “La base de todo es saber cómo acompañar un caso, qué pasos tenemos que seguir, qué herramientas se puede dar desde el Estado”, remarca.
Bretal no tiene esa confianza en el Ejecutivo provincial y apunta directamente al rol de la policía bonaerense. Insiste en que, cuando se habla del crimen organizado en la ciudad, “la prostitución se soslaya, porque le dan más importancia a la venta de drogas. Pero -contrasta- está todo regenteado por la misma red, que son los que dominan la zona. Y por la comisaría, por supuesto: la comisaría novena, esto acá se sabe”. Mientras buscaba a su hija, Marta Ramallo denunció que recibía amenazas de parte de esa comisaría y que los policías metían presos arbitrariamente a sus otros hijos.
El rol de la policía fue incluso resaltado por el juez federal Alejo Ramos Padilla, quien se hizo cargo de la investigación a finales de 2017. En el fallo que emitió en julio de 2022, donde dictaba la prisión preventiva para el Cabezón Rodríguez, escribió: “Es claro que no es posible que pudiera generarse, desarrollarse y sostenerse en el tiempo (la explotación sexual en la zona roja) sin, cuanto menos, el incorrecto accionar de las fuerzas de seguridad. En este punto, existen distintos testimonios que señalan que la Comisaría Novena de esta ciudad de La Plata actuaba administrando o regenteando este complejo entramado delictual, conformando de ese modo un eslabón esencial para su funcionamiento, sin el cual no habría sido posible su perduración”.
El magistrado también lamentó que, durante los primeros meses, cuando aún Lacki estaba a cargo, la investigación se centró en la “averiguación del paradero” sin tener en cuenta “aquellos elementos que permitieron tener por configurada la explotación sexual, que recién ahora se comienzan a analizar penalmente”.
“Todavía nos falta Johana”: los puntos oscuros del juicio
Moglia se refiere al juicio por Johana Ramallo como “una megacausa”, porque pone el foco, a grandes rasgos, en el funcionamiento de toda una red de trata en la zona roja, y porque la investigación, hasta ahora, no pudo esclarecer un montón de cuestiones elementales como quién asesinó concretamente a Johana y dónde la retuvieron. Es por eso que algunas militantes hablan de un posible nuevo juicio más adelante, sobre todo si el actual aporta nueva información.
En ese sentido, la militante resalta que los restos hallados en 2018 y compatibilizados en 2019 son sólo una parte del cuerpo de Johana. “Todavía nos falta Joha, por eso se intensifica nuestro pedido de verdad y justicia”, postula. Bretal aporta que tampoco se sabe “exactamente cuándo la mataron”, ni “a quién” la entregaron. También asegura que la red “es mucho más grande” y sigue actuando, porque “tienen más gente afuera”. En ese punto, señala que esta clase de organizaciones no existirían si no existiese a su vez “un sistema patriarcal-capitalista de explotación sexual y económica”, al que califica de “perverso, multimillonario e internacional”, y que está sostenido por las fuerzas de seguridad, los funcionarios públicos y la Justicia: “Por éso es tan difícil desentrañarlo”, asegura.
Además, apunta Bretal, “el sistema está compuesto no solo del que capta a las pibas para prostituirlas, sino de (intermediarios como) el taxista, que las lleva a los hoteles, el hotelero… todos están sabiendo lo que pasa y nadie lo dice porque todos tienen su negocio con esto”. Desde ese lugar, la activista rechaza el término “trabajo sexual”, también cuestionado por las abogadas querellantes: “El discurso de que es un trabajo igual a cualquiera es lo que dicen los mismos proxenetas. Todo esto viene con el neoliberalismo, con tratar los cuerpos de las mujeres como mercancía. Es violencia, siempre es violencia”.
El viernes pasado, la madre de Johana Ramallo declaró por casi cuatro horas, detallando la forma en que las comisarías se negaron a tomarle la denuncia en un primer momento y la tediosa espera de ocho años hasta el comienzo de este juicio. En la audiencia anterior, los ocho imputados se negaron a declarar.
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